El presidente de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria (AESA), Félix Lobo, anunció
en Nota
de Prensa y en comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado
20 de septiembre que el Ministerio de Sanidad estudia reclamar a la empresa
‘Sada’ los gastos sanitarios ocasionados a las Comunidades Autónomas
por los pollos contaminados con salmonela los pasados meses de julio y agosto.
Algunas asociaciones de consumidores han cuantificado los costes en 4 millones
de euros
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El presidente de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria (AESA), Félix Lobo, anunció
en Nota
de Prensa y en comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado
20 de septiembre que el Ministerio de Sanidad estudia reclamar a la empresa
‘Sada’ los gastos sanitarios ocasionados a las Comunidades Autónomas
por los pollos contaminados con salmonela los pasados meses de julio y agosto.
Algunas asociaciones de consumidores han cuantificado los costes en 4 millones
de euros
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, Lobo
señaló que la responsabilidad de la contaminación
por salmonela que afectó 2.883 personas corresponde a la empresa
comercializadora de los pollos, que cometió «infracciones graves».
Según manifestó a los periodistas tras su comparecencia, «no
es disparatada» la cuantificación realizada desde algunas organizaciones
de consumidores que elevan a 4 millones de euros los gastos sanitarios provocados
por los pollos precocinados infectados por salmonella que provocaron la muerte
de una persona y requirieron 302 hospitalizaciones.
El director de la AESA subrayó que la empresa ‘Sada’ cometió
«infracciones graves», como mantener a temperatura ambiente la salsa
que rociaba a los pollos, y «fallos inexplicables en una gran empresa».
Lobo explicó que se acometieron modificaciones
en las tuberías de distribución de la salsa que dejaron un
conducto ciego al que no llegaban los productos de desinfección, «cambios
que no fueron comunicados a las autoridades sanitarias».
Por ello, la inspección sanitaria que se llevó a cabo en las
instalaciones de ‘SADA’ el 26 de julio, dos días antes de que se activara
la red
de alerta tras la detección de los primeros casos, no detectó
irregularidades, ya que en este campo «rige el principio de autocontrol
y son las propias compañías las que deben de informar sobre los
cambios para que éstos sea revisados», según explicó.
En este contexto, Lobo enmarcó el Plan
Nacional Avanzado de Inspección de Alimentos con el objeto de mejorar
la legislación en materia de sanciones y tipificar los delitos con mayor
especificidad.
El director de la Agencia afirmó que la empresa no ha presentado alegaciones
al expediente sancionador impuesto por la Junta de Casilla La Mancha.
Lobo rechazó las críticas vertidas desde el Grupo Popular que
achacó a «la ausencia de responsables sanitarios y de la titular
del departamento», Elena Salgado, «que estaba de vacaciones»
durante la gestión de la alerta, la «pésima gestión»
de los hechos y la «pésima política de comunicación»
llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad». «Esto explica que 698
personas consumieran producto infectados después de notificarse la alarma»,
agregó.
El presidente de la AESA explicó que se sometió a una operación
quirúrgica el 3 de agosto, pero aseguró que hubo un comité
de gestión, y el director ejecutivo de la Agencia, Ignacio Herranz, «estuvo
al pie del cañón».
«Los mecanismos de alerta respondieron adecuadamente y, de hecho, en 48
o 72 horas el problema había desaparecido», agregó. Según
la cronología aportada por Lobo, el 28 de julio se activó la red
de alerta tras la notificación de los primeros casos por parte de la
Comunidad Valenciana y «en cuarenta minutos» se trasladó la
alerta a Castilla la Mancha, que procedió a la paralización de
la producción y la inmovilización del producto.
En este sentido, el presidente de la Agencia señaló la necesidad
de incluir a las cadenas de distribución en la red de alertas a fin de
acelerar el proceso de retirada de los productos en caso de alerta.
Lobo rechazó también que la intoxicación constituyera
una crisis alimentaria, como alegó el Grupo Popular, ya que, afirmó,
para que ésta se produzca debe darse una situación extraordinaria
motivada por un problema que «no puede ser prevenido, eliminado o reducido
por medios tecnológicos o de control».
En este sentido, enmarcó las medidas anunciadas por la ministra para
introducir la salmonelosis
dentro de las enfermedades
de declaración obligatoria.
Nota:
SADA es la filial del
grupo NUTRECO ESPAÑA
para avicultura y procesamiento
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