El Govern opta por la flexibilidad ante los problemas para aplicar la norma
de 1998.
El colapso de última hora en la consejeria de Medio
Ambiente y en las entidades ambientales de control obligará a retocar
la Llei
de l’Administració Ambiental de 1998. CiU dice que el tripartito
“ya no nos podrá dar lecciones de preocupación medioambiental”.
Decenas de miles de industrias no han tramitado la licencia ambiental, o lo
han dejado para última hor
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El Govern opta por la flexibilidad ante los problemas para aplicar la norma
de 1998.
El colapso de última hora en la consejeria de Medio
Ambiente y en las entidades ambientales de control obligará a retocar
la Llei
de l’Administració Ambiental de 1998. CiU dice que el tripartito
“ya no nos podrá dar lecciones de preocupación medioambiental”.
Decenas de miles de industrias no han tramitado la licencia ambiental, o lo
han dejado para última hora
Cuando una ley no se cumple, mejor no empecinarse negando la realidad: lo aconsejable
es cambiarla. Al menos, así lo cree el Gobierno tripartito. El Parlament
de Catalunya prepara una modificación legislativa que permitirá
a industrias, talleres, granjas
de ganado, hoteles y otras muchas actividades obtener una prórroga
de hasta tres años más para poder adecuarse a la normativa ambiental
aprobada en 1998 (recogida en la Llei de la Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental).
La razón de la prórroga es el colapso en la gestión que
han sufrido las entidades
ambientales de control (EAC) que colaboran con la Generalitat para verificar
los datos de las empresas, así como también de las administraciones
implicadas, sobrepasadas por expedientes sin resolver. CiU no discrepa del nuevo
calendario, pero no desaprovecha la oportunidad para desautorizar al Govern.
La modificación de la ley afectará, o beneficiará, según
se mire, a entre 15.000 y 20.000 actividades en Catalunya –según
el Govern–, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 40.000 (con 8.000
que ya han iniciado los trámites). Todas ellas disponían de plazo
hasta el 1 de enero del 2004 para solicitar la licencia ambiental municipal
integral, lo que exigía elaborar y presentar una vasta documentación
técnica (con datos sobre emisiones a la atmósfera, vertidos, ruidos
y demás parámetros sobre seguridad y salud). Ahora, con el nuevo
plazo, la fecha tope se retrasará, como máximo, hasta el 1
de enero del 2007.
Entre las actividades afectadas, se encuentran pequeñas plantas de producción
eléctrica; industrias químicas, textiles, alimentarias o de gestión
de residuos, así como granjas de ganado, laboratorios de fotografía,
papeleras, hospitales, talleres mecánicos u hoteles de más de
50 habitaciones (incluidas todas ellas en el anexo II de la ley).
La causa del aplazamiento es que la mayor parte de los responsables de las
actividades implicadas han dejado toda la tramitación para última
hora. Así, se han sobrecargado de trabajo las ingenierías y consultorías
a las que las empresas han encargado la elaboración de la información
técnica; y, sobre todo, se han colapsado las entidades ambientales de
control (EAC) –que debían verificar los datos–, pues en toda
Catalunya sólo están homologadas una docena de estas entidades,
según denuncia el diputado del PP Santiago Rodríguez.
Por si todo esto fuera poco, a los ayuntamientos –donde se solicita la
licencia ambiental– y el Departament de Medi Ambient –que debe hacer
un informe preceptivo en determinados casos– les ha ocurrido otro tanto.
Entre los sectores afectados por esta medida se encuentran las granjas de cerdos,
que deben demostrar su legalidad urbanística (que están en zona
rústica) y a presentar un plan de tratamiento de sus desechos ganaderos
(purines). Dado que la gestión ahora es, en muchos casos, inadecuada
(agravada por falta de planes concretos del Govern), muchísimas granjas
esperaban la regularización. Algo para lo cual ahora tendrán más
tiempo.
Para solventar todo este colapso, el PP presentó hace unos días
en el Parlament una proposición de ley para que se concediera un aplazamiento
de un año –hasta el 1 de enero del 2005–; pero los partidos
del Govern –ante la convicción de que se necesitaba más tiempo
todavía– se plantean alargar el plazo de adaptación hasta
el 1 de enero del 2007 como fecha tope, según las enmiendas presentadas
a la propuesta inicial del PP.
Para cumplir el nuevo plazo, el Govern plantea aplicar un calendario escalonado
para una adecuación gradual a la ley, aunque el programa y los sectores
concretos afectados no se sabrán hasta tres meses después de aprobarse
la modificación de la ley (que llegará al pleno del Parlament
previsiblemente el 30 de junio).
La intención (lo cual encaja sobre todo en la regularización
de las granjas de cerdos, por ejemplo) es que se dé prioridad a la adecuación
de las instalaciones con una licencia municipal de actividades más
antigua, a las que están situadas en zonas contaminadas y a las que
tienen un mayor número de cabezas de ganado, según fuentes de
Medi Ambient. El conseller Salvador Milà ha hablado en este punto de
un aplazamiento de 20 meses.
Además, la modificación de la ley tendrá en cuenta a las
industrias que sí han solicitado la adecuación antes del 1 de
enero del 2004 a la hora de establecer sus controles y revisiones posteriores.
CiU, sin embago, advierte del riesgo de “desmantelamiento de una ley que
quería ser rigurosa”, pero que ahora puede perder fuerza por la
actitud demasiado flexible del Govern. “No nos vamos a oponer al nuevo
calendario para adaptarse a la ley, pero debemos denunciar una relajación
del Govern en sus obligaciones, pues su discurso es contradictorio. De esta
manera, van a contentar a muchas industrias y actividades, pero a partir de
ahora los partidos del tripartito han perdido toda la autoridad moral y no estarán
autorizados para darnos lecciones de preocupación mediombiental”,
declara Ramon Espadaler, diputado de CiU.
“Nos dijeron que la nueva ley que sustituía al viejo reglamento
de actividades clasificadas nocivas, molestas e insalubles permitiría
que la tramitación ahora fuera más ágil y menos costosa.
Pero no ha sido así. Muchas granjas de cerdos siguen pendientes de ser
regularizadas con la licencia ambiental municipal”, dice un empresario
de Osona. Por su parte, el diputado del PP Santiago Rodríguez destaca
que el colapso es en gran parte responsabilidad del escaso número de
entidades ambientales de control homologadas en Catalunya –que requeriría
una nueva legislaciónal respecto– y del poco esfuerzo de explicación
que han hecho en este campo los ayuntamientos.
La modificación legal y el calendaria de adecuación gradual también
afectará a las industrias e instalaciones de elevada incidencia ambiental
(incluidas en el anexo I de la Llei), que requieren una autorización
ambiental a cargo de la Generalitat. En cualquier caso, todas estas grandes
industrias deberán estar igualmente regularizadas antes del 1 de enero
del 2007, según prevén las directivas comunitarias.
En avicultura en concreto todas las granjas con una capacidad de más
de 40.000 aves tienen la consideración de «actividad
con incidencia ambiental alta«
LA VANGUARDIA, 1/06/2004
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