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El paro en el sector avícola andaluz convocado a fin de conseguir un
contrato homologado con las empresas integradoras ha generado en sus primeros
20 días pérdidas por valor de 36 millones de euros que
afectan tanto a los ganaderos, como a las empresas integradoras y a las productoras
de piensos.
Los avicultores, que comparecieron el 7 de enero ante los medios de comunicación
con los rostros cubiertos, por "miedo" ante las continuas amenazas
que están recibiendo por parte de las empresas integradoras, portaban
unos carteles con el mensaje "Los avicultores también tenemos
chapapote".
Anunciaron que las próximas movilizaciones tendrán lugar en las
puertas de los comercios, donde se impedirá la compra de aves congeladas
importadas ante la falta de producto.
El secretario general de la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía, José Luis
Gutiérrez, explicó que los avicultores han perdido 2.250.000 euros
y 18 millones de euros tanto las empresas integradoras como las empresas de
piensos, y añadió que será "en los próximos
20 o 25 días cuando se note la falta de pollos en el mercado", lo
que repercutirá "en la cesta de la compra, el IPC y en el mercado".
Gutiérrez dijo que el paro, que comenzó el pasado 19 de diciembre
con calidad de indefinido, está siendo seguido por el 85 por ciento de
los avicultores andaluces, que contabilizan un total que supera las 1.000 granjas
en la comunidad y genera más de 4.000 empleos directos.
Criticó la "pasividad" del Gobierno central ante esta situación
de "abusos" y afirmó que "sabe que los compromisos de
las integradoras no se han cumplido".
El secretario general de UPA-Andalucía
informó de que el próximo viernes continuarán con los cortes
de carreteras, aunque no especificó el lugar en el que se llevarán
a cabo.
Los avicultores explicaron que las empresas integradoras les han amenazado con
no entregarles pollos una vez que termine la huelga y con llevarlos ante los
juzgados "por supuestas deudas contraídas con estas entidades".
Añadieron que, además, levantan actas ante notario de las granjas
que no aceptan pollos que llegan sin ser solicitados por los avicultores y que
los camiones que llegan a las puertas de las granjas son escoltados por la Guardia
Civil.
Desde UPA-Andalucía se realizó un llamamiento al delegado del
Gobierno en la comunidad, Juan Ignacio Zoido, para que medie en el conflicto
social y siente a negociar a las empresas integradoras y avicultores hasta para
formalizar un contrato homologado.
Los avicultores, que continuarán con las movilizaciones hasta que se
resuelva la situación, reciben por parte de las empresas integradoras
entre 0,12 y 0,18 euros por cada ave y por 52 días de cuidados y alimentación,
frente a lo que piden un precio establecido y homologado en 0,23 euros por pollo.
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