Imputados por dejar morir de hambre y sed a 3.000 gallinas

La juez procesa por un delito de maltrato animal al administrador único y al responsable directo de la Granja Coto Verde de Amusco, A.G.N. y C.M.T · Dejaron de ser rentables para la producción de huevos

La titular del juzgado de instrucción número 4 ha procesado al administrador único y al responsable directo de la Granja Coto Verde SL, ubicada en la localidad de Amusco, en Castilla y León, e  identificados como A.G.N. y C.M.T., respectivamente, al encontrar indicios de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a través del maltrato animal, después de que supuestamente dejaran morir de hambre y sed a casi 3.000 gallinas ponedoras para ahorrarse los costes de su alimentación y su posterior sacrificio en un matadero al dejar de ser rentable la producción de huevos. El auto dictado por la magistrada, al que ha tenido acceso Diario Palentino, puede ser recurrido en reforma ante esta misma instancia judicial y es subsidiariamente apelable ante la Audiencia Provincial.

Las diligencias se incoaron a raíz del atestado confeccionado por el servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) el 28 de abril de este año  después de que agentes de este servicio policial se personaran sobre las 8,00 horas del 8 de marzo en la explotación avícola de gallinas Granja Coto Verde  SL, ubicada en el punto kilométrico 23 de la carretera Nacional-611 (Palencia-Santander) y que se dedicaba a la cría y mantenimiento de gallinas ponedoras en jaulas acondicionadas para la producción de huevos, tanto para consumo humano como para la elaboración de ovoproductos a nivel industrial. El investigado, Á.G.N, es el administrador único de la citada mercantil y C.M.T., el responsable directo de la explotación.

Una vez en el lugar, los agentes de la Benemérita constataron la existencia de tres naves. En la nave A observaron la existencia de un número considerable de cadáveres de gallinas, tanto en el interior de las jaulas como diseminados por los pasillos. Además, en las inmediaciones de acceso a la nave comprobaron la existencia de varios contenedores de plástico que contenían más cadáveres; abundante presencia de excrementos tanto bajo las jaulas como en los pasillos; y presencia de aves vivas fuera de las mismas deambulando por los pasillos entre cadáveres y excrementos.

El auto judicial pormenoriza, a tenor del informe elaborado por el Seprona, que la alimentación y el agua de bebida para los animales eran suministrados directamente al interior de las jaulas mediante un sistema automatizado, aunque las aves que se encontraban fuera de las mismas no podían acceder a dicho suministro. Por si fuera poco, los huevos se encontraban diseminados por el suelo de la nave y se localizaron envases que contenían veneno (raticida) al alcance de las propias aves que se encontraban fuera de sus jaulas.
Además, los agentes también comprobaron la presencia de varias gallinas vivas en el interior de un foso que almacenaba deyecciones líquidas y constataron la ausencia de alimento alguno en los contenedores de comida para los animales.

La resolución judicial mantiene que el día 15 de marzo se personó en las mencionadas instalaciones la veterinaria oficial adscrita a la sección de Sanidad y Producción Animal de Palencia para realizar una inspección conjunta con los agentes del Seprona. Durante la inspección se constató la existencia de 703 cadáveres en los pasillos y un número indeterminado en el interior de las jaulas y de la fosa de recogida de deyecciones.
En dicha inspección se registró la presencia de una considerable población de ratas deambulando por las instalaciones, mientras que un número indeterminado entre 50 y 100 gallinas se encontraban fuera de sus jaulas, vagando por la nave sin dar con el modo por el cual acceder al alimento y al agua para beber.

Los agentes, tras estudiar las hojas de control de puesta facilitadas por C.M.T. donde se anotaban las entradas de pienso en los silos de almacenamiento, comprobaron que durante catorce días (desde el 22 de febrero hasta el 15 de marzo) las gallinas de la citada nave no habían sido alimentadas adecuadamente. De hecho,  desde el inicio de la privación de alimentos (22 de febrero) hasta la fecha en que se realiza la última inspección e  inmovilización de la explotación (15 de marzo) habían fallecido ya un total de 2.882 gallinas.

De todo lo expuesto,  la titular del juzgado de instrucción número 4 sostiene en su auto judicial que parece que desde el momento en que la producción de huevos en las naves A y B dejó de ser rentable -presencia de salmonella y longevidad de las gallinas de puesta -, los responsables de la explotación supuestamente decidieron sacrificar a los animales de las naves A y B, acordando el sacrificio legal de las gallinas ubicadas en la nave B en un matadero con el consiguiente desembolso económico, optando presuntamente por iniciar una restricción alimentaria en relación con los animales ubicados en la nave A con la finalidad de que las aves fallecieran por inanición, logrando con ello el ahorro de los costes que conllevaba tanto su alimentación como posterior sacrificio en un matadero.

Por lo demás, el pasado mes de mayo el juzgado número 1 declaró  a la granja en concurso de acreedores. La empresa segoviana Acompor Pigs fue la empresa que instó al juzgado dicha declaración.

Fuente: ALBERTO ABASCAL, DIARIO PALENTINO, 16 de noviembre de 2018