La Chunta Aragonesista (CHA)
ha pedido responsabilidades a los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente
por su gestión en la nueva normativa de animales muertos, que se ha traducido
en frecuentes ataques de buitres al ganado. CHA cree que se ha creado un problema
donde no lo había y puede multiplicarse cuando la normativa se generalice,
en enero de 2007.<
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La Chunta Aragonesista (CHA)
ha pedido responsabilidades a los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente
por su gestión en la nueva normativa de animales muertos, que se ha traducido
en frecuentes ataques de buitres al ganado. CHA cree que se ha creado un problema
donde no lo había y puede multiplicarse cuando la normativa se generalice,
en enero de 2007.
CHA ha pedido responsabilidades a los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón por su gestión en la nueva normativa de recogida
de animales muertos. La formación considera que este sistema es la causa
principal de los frecuentes ataques de buitres al ganado producidos durante este
año, el último hace dos días, en Santa Cilia. Esta situación
se debe a que los buitres se han quedado sin alimento ante el cierre de muladares
y la prohibición de abandonar reses muertas. Un problema que se agudizará
cuando la normativa empiece a funcionar plenamente, a principios de 2007.
El portavoz de CHA en la Comisión de Agricultura de las Cortes
de Aragón, Salvador Ariste, expuso el problema en Jaca, junto al coordinador
comarcal de CHA en la Jacetania, Alfredo Beltrán, y el alcalde de Santa
Cilia, Manuel Máñez. Ariste ha criticado con dureza la actuación
del departamento de Agricultura, al que acusa de «falta de previsión»
y de poner en marcha este nuevo sistema de forma «apresurada» y sin
coordinación con el Departamento de Medio Ambiente para prever las consecuencias
que podía tener.
Salvador Ariste ha reclamado a los consejeros de ambos departamentos que asuman
sus responsabilidades ante una normativa que está causando «problemas
que antes no había». Así pues, denuncia que los animales no
están seguros, porque «ahora son atacados», Por otra parte, a
su juicio, no garantiza la seguridad alimentaria. El portavoz de CHA ha puesto
como ejemplo los vertidos al río Cinca de una fábrica de Zaidín
dedicada a eliminar cadáveres. Además, denuncia el nuevo sistema,
que tendrá un coste de 30 millones de euros que «irán a las
espaldas del sector».
Ariste cree que debe cambiarse de actitud y reconocer que «por culpa de este
sistema, los buitres están pasando hambre». Alfredo Beltrán
ha expuesto que, según los datos que manejan, existen más de 70
colonias de buitres en el Altoaragón y que cada uno de ellos necesitaría
un kilo diario de carne para alimentarse. Con toda la población existente,
serían necesarias cinco toneladas diarias, algo que «sólo es
posible con las explotaciones ganaderas». Para Beltrán, el Gobierno
de Aragón debería haber previsto la sustitución del suministro
que proporcionaban a las aves carroñeras los muladares y comederos clausurados.
Para poner freno a esta situación, CHA propone la declaración de
las denominadas «zonas remotas», que queden exentas de la normativa
de recogida de animales muertos. Estas zonas serían las comarcas pirenaicas
de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, junto con las turolenses
del Maestrazgo, Albarracín y Gúdar-Javalambre, donde predomina la
ganadería extensiva. Así mismo, Ariste ha pedido que se agilice
el plan de muladares que pondrá en marcha la nueva normativa.
Por su parte, el alcalde de Santa Cila denuncia el malestar de los ganaderos por
el problema y la merma que ello supone para su calidad de vida, dado que tienen
que estar mucho más pendientes del ganado, y pide a los sindicatos agrarios
que se pronuncien al respecto. Además, recuerda que el Gobierno de Aragón
no tiene previstos fondos para indemnizar esos ataques, por lo que «hace
falta un seguro para que alguien te cubra estos daños». Precisamente,
Santa Cilia es uno de los lugares donde se va a habilitar un muladar adecuado
a la nueva normativa.
La situación tiene su origen en un decreto del año 2005, motivado
por la normativa europea elaborada a raíz del mal de las vacas locas. Ariste
explica que esta normativa se hizo para eliminar materiales de riesgo de la cadena
alimentaria, como la conversión de los animales muertos en pienso, origen
del mal. «Eso lo provocaron las fábricas de piensos, no los ganaderos.
Pero se ha buscado una solución que a quien más gastos produce es
al ganadero.»
El decreto establece los criterios que tienen que cumplir los ganaderos desde
que se muere el animal hasta que ese animal entra en la fábrica donde será
incinerado y deshidratado. Ello obliga a los ganaderos a adquirir contenedores
para el ganado muerto, que será recogido para su posterior tratamiento,
antes de ser depositado en los muladares controlados. Hasta ahora, esta normativa
sólo se aplicaba en explotaciones con un determinado número de cabezas
y en unas zonas concretas del territorio. A partir de enero, se extenderá
a todo el territorio y a todas las explotaciones.
CHA
