En enero del año pasado se abrieron procedimientos de infracción contra 13 estados miembros por no aplicar adecuadamente las normas de bienestar animal, y en junio del mismo año se dio un segundo aviso a los países incumplidores. España estaba entre ellos, aunque ha sabido solucionar la situación, al contrario que Italia y Grecia, que a día de hoy siguen sin cumplir con la ley, con lo que serán llevados al Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas argumenta que además del tiempo que se ha tenido para hacer el cambio -en total 12 años-, si se dejara a los países incumplidores sin ser multados se incurriría en un caso de competencia desleal respecto a los que sí han invertido para adaptar sus granjas. España, finalmente, puede respirar tranquila, ya que no será multada.
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