La ley aprobada en 2008 en el Estado de California para establecer las condiciones de alojamiento para las ponedoras en jaula a partir de 2015 ha desatado una batalla jurídica similar a la que la UE pretende abrir en la OMC en defensa de su política de protección del bienestar animal.
La ley establece que las ponedoras puedan estirar las alas y patas libremente sin interferir contra otras aves o los laterales de la jaula. Y también obliga a que los huevos que se comercialicen en California provengan de granjas que apliquen dicha norma. Esto ha generado un fuerte debate, que ha llegado al Congreso de EE.UU., sobre cuestiones jurídicas y también económicas, porque California es un gran estado con casi 40 millones de habitantes, que produce un 55% de su consumo e importa de los otros estados el resto.
Otros estados siguen iniciativas similares, lo que ha unido a la asociación de productores de huevos de Estados Unidos y a activistas pro-bienestar animal para proponer que se apruebe una ley federal. El pasado mayo, un grupo de senadores lanzó la llamada Egg Bill, aunque tampoco prosperó y fue rechazada finalmente por el Senado.
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