El
brote de toxiinfección alimentaria por salmonelosis ocurrido durante este
verano en España se iniciaba a finales de julio en Cataluña por
el consumo de pollo precocinado con salsa de las marcas «Pimpollo» y
«Pollo Asado SADA», siendo esta última el vehículo de
dicha enfermedad.
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SADA, compañía integradora proveedora del
alimento, tuvo su última inspección sanitaria oficial prácticamente
un día antes de conocer el primer caso clínico, el primero de diversos
ocurridos en su mayor parte en Valencia, Murcia y Andalucía, aunque hubo
intoxicaciones hasta en 15 CCAA distintas.
Según la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en total se confirmaron 2.389
personas infectadas, de las cuales falleció un anciano de 90 años,
en Valencia. Los síntomas habituales de este proceso son los vómitos,
dolores abdominales y osteomusculares, fiebre, malestar general y cefaleas.
Pocos
días después de detectar los primeros casos tuvo lugar el inició
de la solicitud de indemnizaciones, que según la Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros -ADICADE-, se estiman en más
de 600.000 euros, aunque el cálculo por parte de la Asociación
de Consumidores de Servicios Bancarios -Ausbanc- asciende a 14 millones.
La
retirada de pollos del mercado, cuya cifra ascendía a 183.000 en la primera
semana de agosto, fue asismismo una de las medidas inmediatas. Paralelamente a
esta acción se confirmaba que lo contaminado no eran los pollos propiamente
dichos sino la salsa acompañante, debido a un recodo de las tuberías
que la dispensan con difícil acceso para ser desinfectado.
La postura
de los políticos al respecto se ha manifestado sobre todo con enfrentamientos
entre partidos, especialmente con duras críticas de la oposición
referentes a la falta de liderazgo en las medidas tomadas para el control de la
intoxicación. La Ministra de sanidad, Elena Salgado, ha expuesto que la
inclusión de la salmonelosis dentro de las enfermedades de declaración
obligatoria es una de las acciones emprendidas, además de proponer próximamente
a las CCAA un protocolo que complemente el actual sistema de alertas para garantizar
la difusión inmediata y exhaustiva de cualquier dato que afecte a la seguridad
alimentaria.
Este triste episodio en la historia de la seguridad alimentaria
en España ha repercutido seriamente en una caída de las ventas de
pollo asado, estimada aproximadamente en un 30 por ciento durante unas dos semanas,
aunque con una rápida recuperación.