Una vuelta de tuerca a las emisiones de las granjas «industriales»

Nos repiten desde hace tiempo que la cría de ganado (en particular, los cerdos, aves de corral y bovinos) genera importantes emisiones contaminantes a la atmósfera y al agua. Aunque la directiva IPPC (Directiva 2008/1/CE, sobre la prevención y al control integrados de la contaminación) ya estableció medidas para la reducción de las emisiones de los principales sectores industriales y en las granjas de cerdos y de aves (en el caso de las gallinas ponedoras, a partir de 40.000 aves), parece que en la ganadería los resultados no han sido los esperados.

La Comisión Europea manifestó en su comunicación del 11 de diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo su “compromiso de responder a los desafíos del clima y el medio ambiente, que constituye la tarea definitoria de esta generación” y que, entre otras cosas, permitirá a la UE crecer sin emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Para ello revisará las medidas de la UE para abordar la contaminación de las grandes instalaciones industriales. Y ya ha presentado una nueva revisión de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales, que sustituyó a la IPPC.

Básicamente se trata de reducir las emisiones de contaminantes como el amoníaco, el metano, los nitratos y los gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo, lo que supone un beneficio claro para los ciudadanos. La Comisión considera que para conseguirlo es necesario reducir el límite de capacidad que define las granjas de cerdos y aves de corral incluidas en el ámbito de la actual directiva de emisiones, e incluir también a las granjas de vacuno en la misma.

Los nuevos umbrales propuestos para las instalaciones de aves y cerdos son de 150 unidades de ganado mayor. En el caso de las ponedoras, esta cifra equivaldría a 30.000 gallinas con el factor de conversión del Real Decreto de Ordenación del MAPA, pero serían solo 10.714 con los cálculos de la Comisión. Si bien el citado Real Decreto de ordenación obliga a aplicar técnicas de reducción de emisiones a las granjas a partir de las 55 UGM en España (que equivale a una capacidad de 11.000 gallinas ponedoras), mantiene la obligación de contar con una autorización ambiental solo para las de más de 40.000 aves.

La nueva directiva de emisiones rebaja los umbrales para obligar a aplicar las mejores técnicas disponibles y también para contar con un permiso (la denominada autorización ambiental integrada). Supone que muchas más granjas asumirán los gastos burocráticos, además de los retrasos habituales en la tramitación para aprobar proyectos nuevos o de ampliación de las granjas, y los costes adicionales derivados de que este permiso, por ley, debe someterse a información y consulta pública. Es algo que en España conocemos bien, ya que es el procedimiento ordinario para tramitar las autorizaciones. Y sabemos cuáles son las consecuencias. Cuando esta directiva se trasponga, las plataformas antiganadería (que ya son casi sinónimos de “anti macrogranjas”) tendrán muchos más objetivos a los que atacar. Si se aprueba la propuesta, cualquier granjero que tenga 10.714 gallinas o más estará en la diana de los activistas, sean estos animalistas, plataformas de vecinos enfadados con las granjas, o  cualquiera que se sienta parte interesada. Todos podrán opinar tanto sobre las normas de concesión de cada permiso como sobre su aprobación y cualquier actualización posterior.

Sin ánimo de ser agoreros, esta propuesta de directiva parece estar hecha a la medida de quienes buscaban cómo definir a las “macrogranjas”, y la Comisión se lo pone en bandeja, metiendo a casi todo el sector ganadero de aves, porcino y vacuno en ese saco. Ya podemos imaginar la lista de titulares en los medios sensacionalistas y en las plataformas que recogen firmas para cambiar el mundo.

Los productores se van a ver expuestos a las coacciones que conocemos bien, porque se han producido en los últimos años, con efectos muy negativos para los interesados. Sabemos que buscan influir tanto en las decisiones de los responsables políticos como en la cobertura y tratamiento de la actividad ganadera en los medios. Así que no podemos esperar nada bueno. No quedarán apenas granjeros “pequeños” o “familiares”, casi todos serán de los “grandes” o “industriales”, es decir, de los “malos” y estarán bajo el foco censor de quienes no quieren, ni entienden, ni creen que necesitan, la ganadería.

Aunque otra consecuencia posible de la norma es que quedarse por debajo de las 40.000 gallinas, el límite para tener que contar con la autorización ambiental integrada, no tenga sentido. Si prácticamente cualquier granja comercial tiene que pedir permisos ambientales y aplicar las mejores técnicas disponibles, todos quedan igualados y el elemento disuasorio que era la aplicación de las normas ambientales a los más grandes deja de serlo… En ese caso lo oportuno será adoptar el criterio de rentabilidad para dimensionar la granja. Pronto saldremos de dudas y veremos el impacto de esta nueva vuelta de tuerca legal en la evolución de nuestro sector.

María del Mar Fernández Poza
Directora de ASEPRHU