La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha asegurado que es «vergonzoso» que el Ministerio de Agricultura (MAPA) se «lave las manos» con el «caos» que provocará la entrada en vigor el 1 de mayo de la norma comunitaria de subproductos que prohíbe los enterramientos de los animales.
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La Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA) ha asegurado que es «vergonzoso»
que el Ministerio de Agricultura
(MAPA) se «lave las manos» con el «caos» que provocará
la entrada en vigor el 1 de mayo de la norma comunitaria de subproductos que
prohíbe los enterramientos de los animales.
En un comunicado, UPA lamentó que el MAPA no ha dado «respuesta
alguna» a esta situación y que se está limitando «a
estudiar la implantación de un seguro para recogida y eliminación
de cadáveres», lo que calificó de «auténtica
tomadura de pelo», ya que el sector «no puede sufragar más
costes adicionales a través de seguros».
UPA, que acepta esta normativa, pidió nuevamente que el MAPA solicite
una moratoria en su aplicación, y recordó que el reglamento, en
todo caso, establece que «el conjunto de administraciones del Estado deben
poner los medios adecuados y el presupuesto suficiente para adaptarse a ella».
Por ello, afirmó que debe ser el Ministerio de Agricultura el que ponga
en marcha un sistema gratuito de recogida de cadáveres, porque «se
trata de un tema muy serio relacionado directamente con la seguridad y la salud
alimentaria de los consumidores».
En este sentido, UPA denunció la falta de responsabilidad del Gobierno
español, ya que a pesar de que su entrada en vigor se producirá
la semana próxima, «no ha hecho nada» para afrontar el nuevo
horizonte que se vislumbra. La nueva normativa excluye el enterramiento e incineración
de aves y cerdos, lo que para la organización puede suponer un «caos
absoluto» para el sector, porque el coste no pueden asumirlo los productores
y porque no existe hoy en día infraestructura suficiente para aplicar
este nuevo reglamento convenientemente.
Además, la organización agraria consideró «gravísimo»
que el Ministerio de Agricultura «se haya negado a aportar soluciones al
sector, cuando desde la organización hace ya varios meses que se demandaron
soluciones al grave problema que se avecinaba». UPA apuntó que resulta
«especialmente grave» que el Gobierno no
haya hecho «absolutamente nada» para que se retrase o modifique una
normativa que «es imposible que los ganaderos españoles puedan cubrir
por su cuenta y riesgo» desde la entrada en vigor de la normativa el próximo
1 de mayo. La organización expuso que esta situación confirma
«la falta de diligencia del MAPA, que una vez más ha quedado en
fuera de juego, y de una manera precipitada quiere poner parches a una situación
que requiere de un compromiso firme por parte del Gobierno y no a costa, como
viene siendo habitual, de los ganaderos».
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