Eloy Ureña (47 años) tiene una pequeña granja de 1.400 m2 en el municipio de Fayón (Zaragoza), de 379 habitantes. Es una de las 5.000 producciones de pollo existentes en España dedicadas a su cría y alimentación que se encuentran contra las cuerdas por la «descomunal» y nunca vista subida de los costes de producción padecida por los granjeros. La producción avícola de carne requiere un consumo de energía muy elevado (luz, gas, gasóleo o biomasa) para mantener una atmósfera favorable de temperatura, humedad y luz las 24 horas al día y garantizar el bienestar de unos animales muy vulnerables a estas condiciones.

«Estamos pagando el 150% más por la energía que el año pasado, y eso es inaguantable, es producir a pérdidas mes a mes», confiesa Ureña, quien alerta de que la situación está produciendo auténtico «pavor y pánico» cada vez que reciben las facturas.

Este granjero aragonés comenzó a trabajar con su padre cuando tenía 14 años y luego ya como profesional al alcanzar la mayoría de edad. Ahora, produce de media unos 17.000 pollos en cada ciclo de venta a las integradoras (industrias), que llegan con sus camiones a su granja para cargar a los animales cada dos meses aproximadamente. Previamente, esos pollos, muy pequeños, les han sido suministrados a los ganaderos para que los alimenten y engorden durante este proceso industrial, que incluye también la compra de piensos, que con la crisis de la invasión en Ucrania ha subido más del 35%. El foco de gripe aviar que apareció hace unos meses influyó en la bajada de producción de pollos «pero prácticamente sólo en Andalucía y algo menos en Castilla y León, no así en el resto de España», aclara Ureña.

Eloy cerró la primera venta de la campaña actual en enero a unos 65 céntimos por cada pollo, «que era objetivamente un buen precio», pero el problema es que por el consumo de luz y de agua pagó entonces 6.000 euros. Y la escala de costes se ha multiplicado desde entonces. El ejemplo de este ganadero es significativo. Cuenta que con 1.000 euros al mes de nómina, perdió de septiembre a diciembre del año pasado -todavía sin la inflación por las nubes como ahora- cerca de 4.700 euros en su balance entre ingresos y gastos. «Vamos a la ruina, la mayoría hemos tenido que recurrir a créditos para seguir con la actividad», lamenta.

Y lo peor, afirma, se produce cuando los recibos se acumulan: «No sé la razón, porque no sólo me está pasando a mí, pero estamos dejando de recibir la factura durante dos o tres meses y luego vienen todas de golpe; es la tercera vez que me ocurre y luego pasa que tenemos miedo cuando llega todo junto, porque es un sablazo aún mayor».

El vertiginoso aumento también ha afectado al gasóleo (ha subido más del 96%), plásticos (50%), agua (30%) y fertilizantes (150%) durante el último año. Lo mismo ocurre para los productores de huevos (avicultura de puesta que representa un sector muy tecnificado). El precio de la electricidad y los envases (+25%) está afectando gravemente a la rentabilidad de las explotaciones y, si la situación no cambia, se agravará ahora con la llegada del verano, cuando se intensifica el uso de aparatos de ventilación y humidificadores, como el corrector de pH del agua ha pasado de costar de 60 a 110 euros.

Los estrechos márgenes de rentabilidad de las últimas campañas se han dilapidado con la inflación desde el pasado mes de septiembre, lo que ha provocado ya un cierre de granjas significativo, también en la zona de Aragón, una de las grandes productoras de pollo en España, junto a Cataluña, Comunidad Valencia, Andalucía y Galicia. «Y si no han cerrado, los que tenían un trabajador ya no han podido pagarle el sueldo y se han visto obligado a despedirlos». Son aquellas que producen en cada ciclo unos 60.000 pollos, que son la mayoría que hay en España, aclara Ureña. Este granjero aragonés, por ejemplo, limita una media de 12 unidades de pollo de ocupación por m2 en el interior de su granja.

PRECIO AL CONSUMIDOR

El también responsable de COAG del sector avícola resalta que «los precios que se pagan a los ganaderos tienen que reflejar el aumento de costes, tanto en los contratos de los ganaderos que trabajan con integradoras, como en los de aquellos que operan de forma independiente, que son lo menos». «Es una de las condiciones a las que obliga la Ley de Cadena Alimentaria», apunta, pero de momento no se está cumpliendo. De todas formas, sostiene que «aunque estamos muy tocados económicamente, y muchos han cerrado y otros seguramente no puedan aguantar, haremos todo los esfuerzos para que no haya un problema de suministro de pollos para el consumidor».

Así, recuerda que la producción del sector bajó (entre un 3,3% y un 4% con la irrupción del Covid, sobre todo el pollo al asador porque la restauración estaba cerrada, pero cuando parecía que se iban a recuperar las ventas, tras aliviarse las restricciones sanitarias, llegó la subida de la inflación, que ha golpeado ya definitivamente a los granjeros. «Algunos hablan ya de huelga contra las integradoras, pero lo que deberíamos de hacer es presionar más a la Administración, que nos tiene abandonados y no pone soluciones reales para frenar esta subida desmedida de los precios», subraya.

El Gobierno de España puso sobre la mesa una ayuda de 10 millones de euros para el sector avícola de carne (no del resto), cuyo plazo de solicitud termina precisamente este miércoles. «Muchos ni se han enterado y, en general, ayudas para todos no va a haber con esa cantidad, que es muy pequeña para repartir entre 5.000 granjas, sólo hay que echar las cuentas a lo que toca cada uno», aclara.