El Gobierno
de Aragón
puso en marcha a partir del sábado 5 de febrero el
servicio público de recogida y transporte de los cadáveres animales
de todas las especies ganaderas en doce comarcas aragonesas, que representan el
58 por ciento del volumen total de 70 millones de kilos al año.
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La
empresa pública Sociedad
de Infraestructuras Rurales Aragonesas
(SIRASA), que se extenderá a
todo el territorio aragonés en 2006, será la encargada de prestar
este servicio con una flota de camiones que atenderán las peticiones de
los ganaderos de bovino, porcino, vacuno, caprino, equino, cunícola y aviar.


La normativa se aplicará en las 5.000 explotaciones ganaderas de Cinco
Villas, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón, Zaragoza, Ribera Baja del Ebro,
Campo de Cariñena, Campo de Belchite, Hoya de Huesca, Los Monegros, Bajo
Cinca, La Litera y Bajo Martín.

La directora general de Alimentación,
Eva Crespo, explicó en una conferencia de prensa que el Gobierno de Aragón
ha apostado por un servicio público porque «garantiza un mayor control
sanitario, la empresa que presta el servicio no busca un lucro económico
y ofrece igual calidad en la prestación y los precios para todos los ganaderos
aragoneses».

Eva Crespo manifestó que esta normativa permite
evitar enterrar unos 70 millones de kilos al año de cadáveres animales,
además de contar con un sistema sanitario moderno y con todas las garantías
sanitarias.


Durante 2005, están exentas de esta obligación,
las explotaciones de conejos con menos de cuatrocientas reproductoras y las explotaciones
de aves con menos de 15.000 plazas de broiler y 20.000 de ponedoras, pero el 1
de enero de 2006 será obligatoria la recogida de todos los animales muertos
en explotaciones ganaderas en todo Aragón y de todas las especies.


La directora general señaló que se ha creado «una Comisión
de Seguimiento para la implantación y gestión de este servicio entre
el Gobierno autonómico, la empresa pública SIRASA y las organizaciones
profesionales agrarias para solventar las disfunciones que puedan producirse».


El Departamento de Agricultura y Alimentación cuenta en el año
2005 con una partida de un millón de euros para subvencionar la compra
de los contenedores necesarios para la recogida, mientras que durante el año
2004 ya se han destinado más de 332.000 euros para la compra de estos contenedores
especiales.

Además, el Ejecutivo autonómico y la Entidad
Nacional Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) subvencionan el 84 por ciento del
coste de este servicio en Aragón, lo que supone que el ganadero aragonés
tiene que aportar el 16 por ciento restante.

«Somos conscientes de
que las exigencias al ganadero son cada vez mayores, pero la defensa de un sector
primario moderno que avale el potencia de nuestra ganadería hace necesario
asumir estos retos con el telón de fondo del aseguramiento de la salud
pública, la sanidad ganadera y la protección ambiental», dijo
la directora general.

La empresa pública SIRASA ha puesto en marcha
una centralita telefónica de avisos, con el número 976-207060, a
la que tienen que llamar los ganaderos aragoneses de lunes a viernes de 08:00
a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas cuando tengan bajas
en su explotación.

El director gerente de SIRASA, José María
Sallán, precisó que la empresa pública garantiza un plazo
máximo de recogida en 48 horas desde la recepción de la llamada.


Los animales muertos se almacenan en los contenedores o en los refrigeradores
y se recogen por los camiones de SIRASA, que reúnen unas condiciones especiales
y son limpiados y desinfectados después de cada descarga.

Una vez
recogidos los cadáveres, se transportan hasta una de las industrias de
transformación autorizadas en Aragón, situadas en las localidades
de Muel (Zaragoza) y Zaidín (Huesca), donde se convierten en harinas mediante
un proceso controlado.

Eva Crespo manifestó que en las primeras
fases no se establecerá un sistema de vigilancia exhaustivo, si bien, cuando
el programa esté implantado en el conjunto de Aragón, al ganadero
que incumpla la normativa, se le impondrá una sanción económica
que la Ley de Sanidad Animal tipifica como grave y que tiene un coste mínimo
de 3.000 euros.



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