La Comisión Europea prepara un procedimiento sancionador contra España y otros catorce Estados miembros por incumplir las normas que entraron en vigor el pasado 1 de enero para adecuar las jaulas de las gallinas ponedoras a las nuevas exigencias de bienestar animal, según ha confirmado en rueda de prensa el comisario de Salud, John Dalli. La normativa exige la dotación de dispositivos de recorte de uñas y otros elementos destinados a mejorar su bienestar.
«Sí, vamos a lanzar un procedimiento de infracción contra todos los países que no cumplen la legislación. Empezará en unos días, será inminente», ha declarado el comisario. Dalli, que no ha enumerado los países implicados, ha recalcado que el Ejecutivo comunitario «seguirá todos los procedimientos habituales» para castigar a los incumplidores.
Fuentes comunitarias han confirmado a la agencia Europa Press que España es uno de los quince países que no cumplen las exigencias de bienestar animal que desde el pasado 1 de enero se exigen para las gallinas ponedoras. Bruselas «trabaja para lanzar pronto la primera etapa de un procedimiento de infracción contra los países que no cumplen la norma, entre ellos España», han explicado las fuentes.
En su comparecencia ante los medios, Dalli ha querido dejar claro que no ha podido actuar antes contra los países incumplidores porque la legislación comunitaria no lo prevé, por lo que ha reclamado poderes que le permitan en el futuro vigilar y sancionar durante el proceso de transición a quienes no cumplan la puesta en marcha de las normas. «Me comprometo a ser tan duro como sea posible», ha afirmado, en referencia al caso de las gallinas ponedoras.
Entre los nuevos requisitos que deben presentar las jaulas de las gallinas ponedoras figuran una mayor superficie, para que cada ejemplar tenga al menos 750cm2, y disponer de nidos y de dispositivos para el recorte de uñas.
Según datos de Bruselas, en diciembre aún había en la Unión Europea 51 millones de gallinas que no disponían de jaulas acondicionadas de acuerdo a las nuevas reglas, pese a que los gobiernos han tenido más de diez años para adaptarse a una directiva acordada en 2000.
Antes de que acabara el año 2011, el comisario Dalli ya advirtió en varias ocasiones de que no aplazaría la entrada en vigor de las normas y que a partir de enero lanzaría inspecciones en los países para revisar el estado de las jaulas en las explotaciones y comprobar si cumplen los requisitos.
Aunque no se ha hecho pública la fecha en que se abrirá el expediente, podría ser la semana próxima, cuando el Ejecutivo comunitario presentará su paquete mensual de infracciones, si bien fuentes del departamento de Dalli se han limitado a confirmar que la decisión se comunicará «pronto».
La apertura del expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción, con el que se da un plazo máximo de dos meses para que el Estado miembro emprenda medidas correctoras. Si la respuesta no convence a Bruselas, ésta puede dar una segunda oportunidad al país con un nuevo plazo de dos meses y, si tampoco en esa fase se resuelve el dossier, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La obligatoriedad de cambiar en toda Europa las jaulas convencionales por jaulas enriquecidas desde el 1 de enero 2012 comportará una reducción entre un 15 y un 30% en el número de granjas de ponedoras, que antes de la Directiva en España era de un millar aproximadamente de granjas de puesta. En principio la cabaña total, unos 44 millones de ponedoras, no se reducirá ya que las nuevas granjas están absorbiendo la producción de las que cierran.
Este diciembre la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, aportaba datos de que «cerca del 50 por ciento» ya habían eliminado sus jaulas tradicionales sustituyéndolas por jaulas enriquecidas.
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Directiva 1999/74/CE del Consejo de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras
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