Avicultura, cunicultura y porcino son los grandes afectados por la intención de la Comisión Europea de eliminar la cría en jaulas en 2027. Los ganaderos viven momentos de incertidumbre a falta de conocer los sistemas y medidas que han de implementar porque temen perder productividad y competitividad.

Las organizaciones sectoriales y ganaderas no rechazan tener que velar por el bienestar de los animales. «Los primeros que estamos interesados en que estén bien somos nosotros. Todas las reglamentaciones que se nos han marcado desde Europa se han implementado. Ahora bien. No podemos estar de acuerdo en que esto vaya siempre sobre las espaldas del ganadero o agricultor. Las normativas de la UE muchas veces, por desgracia, vienen implantadas desde un despacho que tiene muy lejos la realidad y en el fin de jaulas no está contabilizado el perjuicio que puede causar no solo en el nivel económico, sino en el aumento de problemas sanitarios», explica Jaume Bernis, responsable de Ganadería de COAG.

Desde COAG, UPA, Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola (INTERCUN), Organización Interprofesional del Huevo (INPROVO) y Asociación de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) coinciden en señalar que las medidas que se adopten para garantizar el bienestar y sanidad animal, respeto al medio ambiente y seguridad alimentaria tienen que tener una sólida base científica, económica y agronómica, además de considerar que, antes de aprobar nuevas medidas, se debe conocer el impacto que van a tener no solo en las áreas a regular, sino también en la aplicabilidad y viabilidad del sector.

La cunicultura puede ser uno de los sectores más afectados porque no hay sistema de producción alternativo hoy en día. «Si lo hubiera, ya lo habríamos implantado», afirma María Luz de Santos Martín, directora de INTERCUN, quien indica que «estamos esperando ver la propuesta de la Comisión Europea y su respaldo científico. Hoy en día, el sector no ha desarrollado nuevos sistemas de alojamiento, pero estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Tenemos previsto trabajar en el impacto social, económico y territorial de las propuestas de la Comisión y nos apoyaremos en la ciencia y tecnología para avanzar. Necesitamos respaldo científico para garantizar que los cambios que hagamos realmente mejoren, y no empeoren, el bienestar de los conejos en las granjas».

Desde la organización se insiste en ese aspecto. «Lo difícil es demostrar de forma objetiva que los cambios que se proponen mejoran la calidad de vida del conejo. Esto no es un tema de imagen. Como ejemplo diré que el hecho de que una fotografía sea bonita no significa necesariamente que las personas que aparecen en ella lleven una vida de bienestar. Lo mismo ocurre con los animales: una imagen mejor puede tener implicaciones peores para la calidad de vida y el bienestar de los animales. El bienestar animal debe ser objetivado y medido».

En el sector todavía no barajan datos del impacto que puede tener la adaptación: «Cualquier propuesta que se haga por parte de la Comisión Europea, además del respaldo de la ciencia, parta de un análisis de impacto y viabilidad de las granjas». Un estudio que es clave para este sector porque en España hay unas 1.600 granjas y 42 establecimientos de transformación situados la mayoría en municipios de menos de 5.000 habitantes, que generan entre 3.000 y 5.000 empleos de forma directa e indirecta. Además, más del 50% es empleo femenino y es el sector ganadero de menor edad, lo que le convierte en refugio para jóvenes del medio rural.

Avicultura de puesta: inversiones de más de 1.000 millones

El sector del huevo es otro de los afectados a pesar de que desde hace apenas nueve años, en 2012, las granjas de gallinas ponedoras en España llevaron a cabo una inversión de 600 millones de euros para sustituir las jaulas convencionales por jaulas acondicionadas, con mayor espacio y equipamientos. «No es posible hacerlo sin más», afirma Enrique Díaz Yubero, director de INPROVO, quien señala que el cambio que prevé la Comisión Europea con la sustitución de las jaulas acondicionadas supone para los productores de huevos inversiones superiores a los 1.000 millones de euros, es decir, la facturación de un año del sector. Y además, supondrá costes adicionales para producir los mismos huevos: en torno al 20% para los huevos de suelo y el 35% para los camperos. Esto implicaría que una granja mediana, de 100.000 gallinas, tendría que invertir en torno a 25 euros por plaza (2,5 millones de euros) para adaptar sus instalaciones.

Desde esta interprofesional -que aglutina a ASERPHU y FEDEROVO- se incide en que «la CE y los países deben tener en cuenta los plazos para la implantación, las ayudas para el cambio y la protección del mercado de la UE frente a producciones de países terceros más competitivos. Son de vital importancia para mantener el tejido productivo del sector avícola de puesta comunitario y evitar que la producción de la UE se deslocalice».

El sistema implementado desde 2012, basado en los cuatro sistemas de producción actuales -jaula acondicionada, suelo, campero y ecológico- «es el modelo que nos ofrece garantías en materia de sanidad y bienestar animal, seguridad alimentaria y sostenibilidad. En este sentido, podemos decir que España aplica el modelo de producción más exigente de todo el mundo», añade Díaz-Yubero.

De este modo, «si se prohíbe la utilización de jaulas para la producción de huevos, los tres sistemas alternativos restantes serían los de elección. El sustituto natural en las granjas de tamaño mediano y grande sería el de suelo, que no necesita terreno para parques -un factor limitante para el cambio en muchos casos-. Los otros sistemas son el campero y el ecológico, más costosos, porque requieren mayores recursos -tierra, mano de obra, alimentos, etc.- Ahora en España -cuarto productor y primer exportador de huevos en cáscara de la UE- la mayor parte de las gallinas están alojadas en jaulas acondicionadas (78%), en suelo (13%), campero (8%) y en producción ecológica (1,4%). En total, España suma 1.323 granjas con 47 millones de gallinas, 31 industrias de fabricación de ovoproductos y 916 centros de embalaje de huevos, siendo un sector que crea y fija empleo en zonas rurales, ya que genera unos 15.000 puestos de trabajo directos y en torno a los 60.000 empleos indirectos.

Desde INPROVO también consideran importante que la transición sea gradual, para que los productores y el propio mercado tengan tiempo suficiente para adaptarse, y se garanticen ayudas públicas a las inversiones necesarias para cambiar las granjas de jaulas acondicionadas a otros sistemas productivos. «Y hay que tener en cuenta que los productores que deseen producir en sistemas con parques al aire libre deberán contar con importantes extensiones de terreno, y deben facilitarse los permisos para la instalación de las granjas, unos trámites complejos y muchas veces demasiado largos, que desincentiva ese cambio», añade el director de INPROVO.

Normativa tras normativa en porcino

En el sector del porcino, ya existe una prohibición parcial del uso de jaulas en cerdas, empleándose solo en momentos complicados en los que las madres están mejor individualmente: la implantación y hasta la confirmación de la gestación -la cerda luego pasa a estar ya suelta-, y en el momento del parto para evitar el aplastamiento de los lechones. «No va a haber ningún impedimento para un bienestar real», afirma Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), quien señala que para avanzar en esta dirección consideran claves una serie de requisitos.

El primero es el conocimiento y la información técnica, sobre todo, en relación a los partos para conocer qué sistemas existen y compararlos con el actual para verificar los mejores y cómo se va a conseguir. «A los ganaderos lo que más nos preocupa es el aplastamiento de los lechones». De momento, los estudios realizados en Reino Unido reflejan que los nuevos sistemas, en comparación con los actuales, aumentan la tasa de mortalidad de lechones en un 14%. «Y eso para nosotros es mucho y es algo que nos asusta. Por eso pedimos que nos digan cuáles son las directrices para evitar ese incremento. Hay que ir muy de la mano con el conocimiento científico porque está claro que esto es una decisión política y los términos van a ser políticos».

Desde el sector porcino creen a su vez necesario que se permita un tiempo óptimo de adaptación. «Para una granja requiere hacer cambios estructurales importantes y máxime si está en producción y con animales». Y aquí hay varios supuestos que preocupan. En España, ya hay explotaciones en las que se trabaja sin jaulas y sin confinamientos individuales, que se adelantaron de forma voluntaria y que, al no haber normativa, establecieron unos requisitos propios en función del conocimiento que en ese momento se requería. «¿Van a cambiar los requisitos que ellos han puesto de forma proactiva? Sería muy dañino que aquel ganadero que se ha adelantado a los demás y que ha asumido un incremento de costes tenga que rehacer una granja. Los requisitos de eliminar las jaulas tienen que ser aplicables a las explotaciones que las tengan y no a las que ya las hayan quitado».

En el proceso de adaptación, también inquietan los metros cuadrados que se puedan necesitar. «En las granjas que ya lo han diseñado y están apostando por partos sueltos no sabemos si se ha acertado o no con el número que piensa la Comisión Europea. Esto es una lotería. No tenemos ni idea» de si los cinco o seis metros por cerda son suficientes o no pero, «Por lo que hemos verificado en otros países, creemos que todos estos cambios requieren de más metros lineales de construcción sin incrementar la capacidad de cerdas. Por lo que entendemos que va a ir en la normativa, solo hay dos opciones: reducir el número de reproductoras y rebajar la capacidad de la granja o hacer inversiones e incrementar estructuras que, a lo mejor, consisten en aumentar en un 20% o en un 30% la sala de partos para que te quepan las mismas cerdas que tienes actualmente. Tener que remodelar de nuevo la granja sería ruina absoluta», afirma el director de ANPROGAPOR, quien añade que «muchas granjas de porcino están pagando todavía los créditos de la adaptación que hicimos en el 2012». Una inversión que se cifra en una media de entre 120 y 150 euros por cerda según datos de COAG.

Miguel Ángel Higuera también critica que «no se pueden ir solapando normativas que afecten directa mente a las inversiones porque aportan muy poca seguridad». Y, precisamente, desde el sector porcino lamentan la sucesión de normas por lo que re claman que no se miren de forma individualizada. «Creemos que las normativas de bienestar y protección del medioambiente tienen que ir siguiendo la misma dirección. No nos pueden pedir que seamos cada vez más eficientes medioambientalmente ha blando y no lo podamos hacer por las cargas que tenemos en relación al bienestar animal. Estas normativas, normalmente, son contrarias. Todos los requisitos que te ponen legales para mejorar el bienestar de los cerdos, normalmente, empeoran las emisiones y el comportamiento ambiental», expone el director de ANPROGAPOR.

Pérdida de competitividad

En todos los sectores de actividad, además de coincidir en señalar la necesidad de apoyo financiero, preocupa un posible aumento de los costes de producción y, en consecuencia, una menor competitividad, sobre todo, frente a terceros países sin estas normativas. «Si no se protege la producción comunitaria, será incoherente tener un sistema que pretende ser referencia mundial en bienestar animal y sostenibilidad para finalmente ser insostenible económicamente. Ello hace necesario reevaluar los acuerdos comerciales en vigor para garantizar que los huevos y ovoproductos procedentes de terceros países cumplan la normativa establecida en la UE», señalan desde INPROVO.

En la misma línea se pronuncia Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, al afirmar que, «mientras aquí nos rasgamos las vestiduras permanentemente, vienen producciones de fuera -huevos, pollo, conejo, etc.- con hormonas… y ahí callados como sinvergüenzas. Hablamos de bienestar animal, pero luego entra de fuera sin control de bienestar animal, sin alimentación garantista y sin nada de nada. Y ahí nadie se rasga las vestiduras. Ahí todo está bien. Hay que atender más a los de casa».

Esta pérdida de competitividad y la necesidad de acometer inversiones puede poner en jaque a muchas explotaciones. Se corre así el riesgo de que algunas personas decidan tirar la toalla porque «estos cambios normativos que requieren de inversión y de infraestructura normalmente siempre vienen a atacar a los mismos: pequeños ganaderos independientes con difícil relevo generacional y que ven que una inversión a hacer y amortizar en 15 años vista no la pueden amortizar. Digamos, que van a dar al corazón del tejido de producción», inciden desde ANPROGAPOR.