¿De parte de quién vienes? Democracia, representatividad e interlocución social

Que «en España no hay tradición asociativa» y que «los ciudadanos y empresas resuelven mejor sus problemas individualmente que en colectivo” son ideas algo anticuadas que nos recuerdan la escasa organización ciudadana con la que llegamos a la democracia.

Décadas después de la Transición y de la entrada de España en la Unión Europea, nuestro sistema político cuenta con la colaboración público-privada como herramienta útil para mejorar la sociedad. La participación ciudadana en las políticas públicas se ejerce en buena medida mediante las organizaciones representativas – asociaciones, federaciones, o sindicatos – de federaciones, o sindicatos – de colectivos diversos: consumidores, empresas, profesionales, trabajadores o cualquier otro, que son interlocutores entre sí y del Gobierno. La propia Constitución establece la libertad asociativa y distintas normas desarrollan el funcionamiento de las asociaciones.

Esta forma de representación de la sociedad civil se cuestiona con frecuencia, como si el asociacionismo fuera un concepto trasnochado y ya no hicieran falta como mediadores entre los ciudadanos y las instituciones. La amplificación de las opiniones de individuos y grupos en redes sociales e Internet puede dar la impresión de que sus emisores representan a la sociedad y se convierten en sus portavoces. No es el caso.

Todos tenemos nuestra propia voz. Pero no representamos a los consumidores, a los conductores de vehículos o a los usuarios de bancos cuando hablamos por nosotros mismos, aunque pertenezcamos a esos colectivos. Tendremos que constituir legalmente la correspondiente asociación con fines de representación para poder hacerlo.

Algunos quieren aparentar lo que no son bajo la fórmula jurídica de fundación, habitual en el mundo de la filantropía y las ONG, que suele transmitir una imagen positiva, carece de las restricciones del funcionamiento asociativo y puede beneficiarse de interesantes ventajas fiscales. Lo son algunas organizaciones animalistas autoproclamadas interlocutores públicos para la defensa del bienestar animal. Aunque sus miembros se cuenten con los dedos de una mano, financien en Estados Unidos sus campañas de desinformación contra la ganadería, acosen a productores y empresas y tengan una agenda abolicionista enmascarada de «bienestarismo». Carecen de una asamblea de socios a la que rendir cuentas. Los voluntarios, donantes o seguidores en redes sociales no son socios en estas entidades: no tienen voz ni voto, ni derecho a participar en los órganos de decisión. Por ello, no les representan.

O sea, las fundaciones no son asociaciones representativas, aunque sus patronos pretendan defender desde ellas sus creencias – a menudo con muchos recursos y brillo mediático -. Por ello debería sorprendernos el hecho cada vez más habitual, y también contraproducente, de que administraciones y autoridades den interlocución a estas entidades como si fueran alternativas a las asociaciones representativas. Supone depreciar el asociacionismo “con papeles”, sujeto a las formalidades y servidumbres legales, que tanto ha costado desarrollar y consolidar en España. Para mejorar el funcionamiento democrático, la transparencia y la representación de la sociedad civil, dejemos a cada uno jugar el papel que le corresponde y sepamos «de parte de quién» habla cada uno.

María del Mar Fernández Poza
Directora de ASEPRHU

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