El precio del contrato de integración no tiene que ser el coste, sino una cifra superior

Así lo ha declarado Miranda que ha pedido a las CC.AA. que ejerzan el control para todas las partes en las obligaciones de la nueva Ley de la cadena Alimentaria

Según ha dicho Fernando Miranda, Secretario de Agricultura y Alimentación del MAPA, en una jornada informativa sobre la Ley de la cadena alimentaria, organizada de manera telemática por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), su departamento tiene “la voluntad inequívoca” para aplicar de forma efectiva la Ley 16/2021 de la cadena alimentaria y lograr de esta forma un reparto más justo de los beneficios entre los distintos operadores. También afirmó que la ley contiene novedades que afectan a todos los eslabones de la cadena, así como un sistema de control reforzado y un régimen sancionador más estricto. A este respecto indicó que es fundamental que las CC.AA., a través de las autoridades de control, coordinadas por la AICA, ejerzan su papel en el control de las obligaciones derivadas de la aplicación de la norma.

En su intervención, explicó que la modificación de la Ley de la Cadena de 2013, aprobada en diciembre, no solo ha traspuesto la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales, sino que ha ido más allá con la finalidad de solucionar los problemas de desequilibrio en el reparto de valor a lo largo de los distintos eslabones que la componen.

Además, haciendo referencia a la actual situación de los agricultores y ganaderos, afectados por la subida de los costes de producción, que ha reducido sus márgenes de beneficio, recordó que la Ley de la Cadena obliga a que los productores puedan ver reflejados sus costes de producción a través de los contratos.

Según precisó, la ausencia de contrato es ahora motivo de sanción grave, porque es la pieza con la cual se comienza a construir el valor a lo largo de la cadena y, particularmente, a partir del establecimiento del precio.

La Ley, indicó Miranda, ha clarificado todos los aspectos relativos al establecimiento del precio del contrato y, uno de ellos es el que se refiere a la necesidad de que dicho precio cubra, en todo caso, el coste de producción. Sin embargo, el precio del contrato no son los costes de producción ya que lo que deben percibir los productores tiene que ser superior a éste y proporcionar un margen que permita una actividad agraria económicamente viable.

También aseguró que el MAPA ya está dando los pasos necesarios para la puesta en marcha de la ley. En concreto, ya han comenzado los trabajos para poner en marcha el registro de contratos, se ha iniciado el procedimiento para modificar el estatuto de la AICA y su régimen de control, se ha constituido el órgano de coordinación de las autoridades de control de las CC.AA. y se está reforzando el contenido y la frecuencia de la información proporcionada por el Observatorio de la Cadena.

En este sentido, indicó que es necesario que todos los actores de la cadena asuman el cambio que supone la aplicación de la Ley de la Cadena, promoviendo su conocimiento y su aplicación, en todos los eslabones.