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El MARM, las CCAA y el sector preparan una «hoja de ruta» que analice el proceso de adaptación de los productores
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A menos de diez meses de la aplicación obligatoria de la normativa europea sobre bienestar animal en avicultura de puesta, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), las CCAA y el sector preparan una «hoja de ruta» que analice el proceso de adaptación de los productores. La Directiva 1999/74, que recoge las normas mínimas de alojamiento de las gallinas ponedoras, será de aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 2012. Esta «hoja de ruta» incluye medidas para ampliar la información del registro de explotaciones, de carácter legal (reforzar los controles sobre cumplimiento de la normativa) y económicas (como las opciones para facilitar el acceso de los avicultores a la financiación). También prevé actuaciones de comunicación e información para dar a conocer a los consumidores y operadores el sistema de producción.

Los últimos datos del MARM detallan que según la forma de cría en España, el 65,9 % del total de explotaciones corresponden a producción en jaula (903), con 42,15 millones de gallinas. El resto corresponden a cría en suelo (229 explotaciones y 749.203 ponedoras), campera (158 explotaciones y 1,06 millones de gallinas) y producción ecológica (54 explotaciones y 45.666 aves). Desde hace meses -e incluso años en algunos casos-, el sector avícola lleva acometiendo esta adaptación; en torno al 50 % de las naves productoras ya la han llevado a cabo y el 65 % tiene la densidad adecuada, según ha precisado el secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit.

Para una granja de tamaño medio, Inprovo calcula que el sobrecoste derivado del modelo europeo de producción alcanza entre el 25 y el 30 %, unos 16 céntimos de euros por docena, de los que 12 corresponden a la aplicación de esta directiva sobre alojamiento.

En cuanto a las ayudas institucionales para paliar estos costes, Castilla-La Mancha, por ejemplo, convocó ayudas específicas en 2010, por 20 millones de euros, mientras que otras comunidades como Andalucía, Canarias, Navarra y La Rioja, o provincias como Álava, las han incluido en los planes de desarrollo rural. En el caso de Extremadura, Asturias y la Diputación Foral de Guipúzcoa, las han enmarcado en líneas de ayudas para la mejora de las condiciones de bienestar de los animales. Cataluña, por su parte, ha planteado créditos bonificados a interés cero por 10 millones de euros, para ayudar tanto al sector avícola como al del porcino a adaptarse a la norma comunitaria. Otras regiones, como Galicia, aún están estudiando las posibles ayudas, mientras que en Castilla y León, la Junta negocia con el sector a la espera de las acciones que ponga en marcha el MARM. En Aragón no existe ninguna línea, pero fuentes de la Consejería de Agricultura han subrayado que aproximadamente el 70 % de las instalaciones ya están adaptadas a los nuevos requisitos.

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