La normativa comunitaria obliga a eliminar a partir del 1 de marzo todos los animales que mueran en granjas.
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La normativa comunitaria obliga, a partir del 1 de marzo, a destruir los cerdos y pollos que mueran en las explotaciones.
Esta medida, motivada en parte por la crisis de las «vcas locas», contribuirá a colapsar todavía más las cinco plantas incineradoras autorizadas que existen en España y por eso, el Gobierno central no descarta plantear una moratoria a esa decisión europea. La incineración de todos los animales supondrá, según los ganaderos, unos 34.000 millones de pesetas. José María Aznar afirmó ayer que la crisis será «larga», por las lagunas científicas que aún existen.
La crisis de las vacas locas es un problema «largo y complicado», debido a que hay algunas cosas que los científicos saben y otras no. Así lo explicó ayer el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien matizó que «lo afrontaremos con todas las consecuencias, como los demás países de Europa, y aportando medidas adicionales que otros países de la UE no tienen».
De momento, el Ejecutivo deberá ir pensando en lo que se le vendrá encima a partir del próximo 1 de marzo, fecha en la que, además de destruir todo el ganado ovino, bovino y caprino que muera en las explotaciones, habrá que eliminar los cerdos y las aves.
La decisión europea pone a España en un brete dada la escasa capacidad incineradora existente hasta el momento en el país. De ahí que el Gobierno central estudie una moratoria de tres meses a esta normativa. Para entonces, según las previsiones del Ministerio de Agricultura, se espera que las cementeras estén ya a pleno rendimiento, al igual que las plantas designadas por las comunidades.
La iniciativa no ha caído muy bien entre los ganaderos, ya que el sector tendrá que asumir el 33% de la incineración, cantidad que se suma a la que ya tienen que abonar por la retirada de los materiales específicos de riesgo (MER).
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