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Cerca de 3,7 millones de euros se han perdido en el sector avícola de Extremadura
debido al mes de paro de las granjas de pollos, que comenzó el 19 de diciembre
y concluyó el pasado viernes 21 con el anuncio de un principio de acuerdo
entre industriales y productores, que establece un contrato tipo homologado.

La huelga supuso además que se dejaran de producir unos cuatro millones
de pollos en la región, cifra que rondó entre 48 y 50 millones
en el conjunto de España, donde las pérdidas para el sector alcanzaron
los 37 millones de euros, según dijo hoy Antonio Prieto, miembro de la
Ejecutiva regional de UPA
Extremadura
.

Esta organización agraria tiene previsto incorporar a su estructura
interna, durante la asamblea convocada en Mérida para explicar a los
granjeros el contenido del preacuerdo alcanzado con las integradoras, una Sectorial
Avícola con el objetivo de defender los intereses de los 250 productores
extremeños de pollos.

"No queremos que el esfuerzo realizado por los productores durante la
huelga quede en saco roto", afirmó el secretario regional de UPA-UCE,
Lorenzo Ramos, quien aseguró que con la constitución de la Sectorial
Avícola su organización pretende comprometerse con los 250 granjeros
extremeños "tanto como con los miles de agricultores que siembran
tomate, fruta o que tienen vacuno o ovino".

Recalcó que el hecho de que sea un sector pequeño no significa
que su organización no vaya a hacer los mismos esfuerzos que en cualquier
otro sector e insistió en la necesidad de velar por que el preacuerdo
alcanzado se cumpla a "rajatabla" por las industrias.

Ramos destacó que la huelga ha permitido conseguir que "por primera
vez, haya transparencia" en la avicultura para que las industrias no hagan
contratos "tan crueles" como los establecidos hasta ahora, al haberse
acordado elaborar un contrato tipo homologado que será controlado por
la Administración.

El cumplimiento de las condiciones del contrato también será
controlado por los productores e industriales, quienes estarán representados
en la Comisión de Seguimiento del acuerdo, que se reunirá por
primera vez el próximo 31 de enero y que permitirá también
garantizar la calidad sanitaria de la carne de pollo.

Además de la elaboración de un contrato tipo homologado y de
la constitución de la Comisión de Seguimiento, el acuerdo dotará
al sector avícola de un marco jurídico del que carecía
y que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, según
explicó Antonio Prieto.

También resaltó que el acuerdo establece que las integradoras
se hagan cargo de los cinco días que dura el período de mortandad
en los pollos, ya que entre un 15 y un 20 por ciento de los animales que entran
en las granjas se mueren, indicó Prieto, quien recordó que esas
pérdidas antes debían asumirlas los avicultores.

Otro aspecto que destacó Prieto es el compromiso de las empresas integradoras
de firmar un plazo máximo para la retirada de pollos de las granjas,
que podría fijarse en torno a 55 días.
Subrayó que ese será un aspecto básico para la rentabilidad
de las granjas, ya que hasta ahora las empresas retiraban los pollos en periodos
arbitrarios que obligaban en numerosas ocasiones a los granjeros a prolongar
el engorde de los pollos hasta 75 días, con el consiguiente encarecimiento
del coste de producción.

La creación de un registro avícola nacional, la modernización
de las explotaciones y un seguro de responsabilidad civil para los cargadores
de pollos fueron otros acuerdos destacados por Prieto.

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