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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denunció el pasado
10 de enero las situaciones de "extrema presión" que está
ejerciendo sobre el sector avícola la patronal por la huelga que mantienen
desde el día 19 de diciembre y llevará a los tribunales a la integradora
Aragonesa de Piensos S.A. (Arpisa) por demorar la recogida de pollos en algunas
granjas, lo que provoca graves pérdidas a los productores por la muerte
de los animales.

Según explicó ayer el técnico del sindicato agrario, Tomás
Latasa, un 90 por ciento de los más de 50 productores riojanos mantienen
las granjas cerradas en la huelga, que cumple hoy su 22 jornada. Sin embargo,
asegura que cada día que pasa la situación es peor para los granjeros
por "la presión" que está ejerciendo las empresas integradoras.
"La moral está muy caída por estas presiones", dijo.

En esta huelga, los productores se niegan a recibir de las integradoras -que
les suministran las aves para que las engorden- los animales, si bien se comprometen
a terminar el ciclo de los que ya están en granja (que las integradoras
deben retirar una vez criados). Un 10 por ciento de los productores ha sucumbido
a las "amenazas" de las empresas, que dicen "que no les van a
suministrar más pollos nunca, que no les van a pagar las liquidaciones
pendientes o que van a dejar reventar a los animales que ya están en
granja".

"Están acostumbrados a marcar ellos las condiciones, algo que no
sucedería si existiera un contrato tipo homologado -una de las principales
reivindicaciones en esta huelga- en el que se definirían el ciclo de
producción (de 50 ó 52 días y no de 70 como está
ocurriendo) y el período de pago, no 70 u 80 días", dijo
Latasa, que definió la situación que están provocando estas
empresas como "terrorismo económico".

El sindicato agrario recordó que el Congreso aprobó en 1997 por
unanimidad una iniciativa para regular este sector y pidió la mediación
de las Administraciones en este conflicto así como la depuración
de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de las presiones ejercidas
por las integradoras. UPA entregó ayer un documento en la Delegación
del Gobierno en el que se ponía de manifiesto que las integradoras están
vulnerando el derecho a la huelga con sus presiones. Las integradoras han acudido
a las granjas para introducir a los animales acompañados de fuerzas de
seguridad del Estado, "que en algunas ocasiones se han extralimitado presionando
a los granjeros con algunos comentarios e intervenciones a destiempo",
que han hecho que entren pollos en las granjas.

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