La Unión de Consumidores de Ávila-UCE presentó
el lunes 26 ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial un escrito donde solicita que actúe en el caso de intoxicación por salmonella que se produjo el pasado verano, cuando resultaron afectadas más de dos mil
personas en toda España.
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La Unión de Consumidores de Ávila-UCE presentó
el lunes 26 ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial un escrito donde solicita que actúe en el caso de intoxicación por salmonella que se produjo el pasado verano, cuando resultaron afectadas más de dos mil
personas en toda España.
Así lo anunció ayer en una rueda de prensa el presidente de esta
organización, Francisco Javier Rodríguez, quien pidió a
la Fiscalía que «depure las posibles responsabilidades penales o
de otra índole a que hubiere lugar por parte de los responsables de las
presuntas infracciones cometidas en la producción, elaboración,
distribución o comercialización del pollo envasado de la marca
Sada y Pimpollo».
Según Rodríguez, en la provincia de Avila se contabilizaron un
total de veintinueve afectados por consumo de pollo precocinado, elaborado y
distribuido por el grupo Sada, lo que provocó «un estado de alarma
social».
El presidente de los consumidores abulenses justificó este paso teniendo
en cuenta que se trata de «la primera vez, desde el episodio de envenenamiento
por consumo de aceite de colza desnaturalizado», que un caso de salmonella
«no se produce por una mala manipulación».
Recordó cómo en este caso la empresa distribuidora de este alimento
«no cumplió los requisitos de autocontrol en el envasado»
lamentó que la administración competente no detectara el problema
«hasta que se produjeron los primeros casos», lo que a su juicio se
debió a que los diferentes controles «no se llevaron a cabo con
la debida diligencia».
Señaló en este sentido que dichos controles fallaron tanto en
«el origen», en Castilla-La Mancha, como en «el destino»,
en Castilla y León.
Por otra parte, Francisco Javier Rodríguez afirmó que esa situación
provocó una «pérdida de confianza de los consumidores»
en la «seguridad alimentaria».
Otro de los motivos que llevó a la Unión de Consumidores de
Ávila a dar este paso es el hecho de que en la sanidad pública
«se hayan generado unos gastos» que a su juicio deberían ser
pagados por la empresa responsable y que, según señaló,
sumaron «cuatro millones de euros».
Según el asesor jurídico de este colectivo, Ignacio García,
la empresa responsable podría haber incurrido en un «presunto delito
contra la seguridad pública».
Esta infracción podría ser castigada con la pena «de uno
a cuatro años de prisión, una multa de seis a doce meses e inhabilitación
especial para profesión, oficio, industria o comercio por un tiempo de
tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan
en peligro la salud de los consumidores», argumentó.
Francisco Javier Rodríguez, que dijo no tener noticia de que este paso
se haya dado en ningún otro lugar de España, señaló
que la Fiscalía de Avila «podría inhibirse» por considerar
que debía actuar la Fiscalía General del Estado.