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La Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) ha alertado de que el sector comunitario quedará desabastecido de huevos tras la implantación de la nueva directiva europea que prohíbe las jaulas convencionales en batería, por lo que tendrán que entrar productos procedentes de países extracomunitarios
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La Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) ha alertado de que el mercado comunitario quedará desabastecido de huevos de granjas locales tras la implantación de la nueva directiva europea que prohíbe las jaulas en batería, por lo que tendrán que entrar productos procedentes de países extracomunitarios, que conllevaría una pérdida de frescura y una competencia desleal, por no tener estos países que cumplir la ley europea. El presidente de la asociación, Pedro Molina, explicó que los ganaderos marroquíes han comprado las jaulas que no se permiten en Canarias, por lo que »estamos convencidos de que Marruecos ocupará el vacío que dejarán nuestras explotaciones».

La asociación ha denunciado también que la aplicación de la ley supondrá para los avicultores tinerfeños un coste de once millones de euros para la provincia, y una cifra similar en Las Palmas, según aseguró el copropietario de la granja avícola El Taro y vicepresidente de Agate, David Nuez, que explicó que de las 800.000 gallinas que hay censadas en la provincia tinerfeña sólo 200.000 están adaptadas a la nueva normativa. El coste de este cambio, sin contar la obra civil en las explotaciones y sólo para afrontar el coste de las nuevas jaulas y su montaje, sale a 13,74 euros por gallina.

Nuez indicó que a menos de un año por delante para cumplir con la Ley de Bienestar Animal, hoy en día son más de 600.000 las gallinas en la provincia tinerfeña que no se han podido adaptar a la ley. Además, denunció que las últimas subvenciones destinadas a la modernización de explotaciones dejaron fuera a las seis granjas más grandes de las islas. Aquí no se han dado ayudas directas a la avicultura de puesta como en Castilla-La Mancha, con dotaciones que rondan los 20 millones de euros, aseveró.

Sobre este asunto, el presidente de Agate, Pedro Molina, también apuntó que, de momento, ninguna administración se ha mostrado receptiva con ellos para facilitarles parte de los fondos necesarios para cumplir con las exigencias comunitarias. Según Molina, la aplicación de la Ley de Bienestar Animal obligará a muchos ganaderos a reducir su producción a la mitad y, como consecuencia, a prescindir de parte del personal. Además, algunas granjas se pueden ver obligadas a cerrar.
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