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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que los avicultores han acumulado unas pérdidas por valor de 60 millones de euros debido a la «severa» crisis de precios que padece el sector desde hace más de seis meses.
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La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos
(COAG) ha denunciado que los avicultores han acumulado
unas pérdidas por valor de 60 millones de euros debido a la «severa»
crisis de precios que padece el sector desde hace más de seis meses.

En un comunicado, la organización aseguró que esta situación
está poniendo en jaque la viabilidad de muchas explotaciones e informó
de que en las últimas semanas los productores de pollos han percibido
una media de 0,3 euros por kilo, muy por debajo de los costes de producción
de este sector, 0,7 euros por kilo.
Añadió que, sin embargo, al igual que ocurre en otros sectores,
la bajada de los precios recibidos por el productor no repercute en el precio
final del producto y denuncia que la diferencia -0,4 euros- «se la reparten
los intermediarios que como en las distintas ocasiones, son los grandes beneficiados».

COAG consideró que esta circunstancia
demuestra la escasa relación que hay entre las variaciones de precios
al productor con el de venta al público de los productos y recalcó
que esto demuestra que una política agraria de reducción de precios
para el productor no beneficia ni en precio, ni en producto al consumidor.
Los motivos de esta crisis los encontramos por un lado en el exceso de producción
en la Unión Europea, agravado por la entrada masiva de importación
de canales de otros países como Brasil. Esta situación es indicativa
de la falta de regulación en el sector avícola de la UE.

El responsable de ganadería de COAG, Andoni García, exigió
en el comunicado que «la cadena comercial traslade al consumidor la caída
de precios en origen y que no actúe con márgenes tan desorbitados
a costa de los productores y los consumidores».
Explicó que «el agricultor y ganadero deben recibir un precio justo
por su trabajo y el consumidor tiene derecho a recibir buenos alimentos a precios
razonables, porque eso es posible».
Para García «la Administración debe evitar que se produzcan
estas distorsiones de precios que, por desgracia, se repiten para todos los
productos agrarios y disparan el IPC».

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