El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha sancionado con 613.412 Euros al grupo SADA por las infracciones detectadas
en sus instalaciones de Lominchar, Toledo, tras la infección por salmonella.
Así lo indicó el Vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano
García-Page, durante la rueda
de prensa en la que informó de los acuerdos adoptados por el Consejo
de Gobierno en su reunión del pasado 11 de octubre.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha sancionado con 613.412 Eurosal grupo SADA por las infracciones detectadas
en sus instalaciones de Lominchar, Toledo, tras la infección por salmonella.
Así lo indicó el Vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano
García-Page, durante la rueda
de prensa en la que informó de los acuerdos adoptados por el Consejo
de Gobierno en su reunión del pasado 11 de octubre.
La Junta de Castilla-La Mancha obligó a SADA,
comercializadora de los pollos precocinados que intoxicaron por salmonella a más de 2.700 personas
en toda España, a paralizar la producción de los pollos envasados
«Pimpollo» y «Sada», en cuya salsa apareció la salmonella
que causó la intoxicación
el pasado mes de julio.
En total se sanciona en el grado máximo a SADA, por una falta muy
grave, derivada de poner en el mercado productos destinados a consumo humano
contaminados con salmonela y una grave, por no haber comunicado a los
servicios de inspección la modificación que acometió en
la estructura empleada para el suministro de la salsa origen de la salmonela
y la variación de los componentes de esa salsa.
Es decir, fallos en el autocontrol del sistema de producción
de la fábricay en la ausencia de información a la inspección
de los cambios realizados en la línea de producción. Según
García-Page, nunca se había llegado a este nivel en las multas
por tal tipo de infracciones y agregó que, aunque «desde el primer
momento en que se detectó el problema contamos con la información
y colaboración de la empresa«, las infracciones encontradas
eran muy graves. Añadió que, pese a que el Gobierno regional podía
haber atenuado la sanción, ha decidido finalmente imponer la multa
máxima que hay para este tipo de infracciones.
García-Page dijo que la sociedad de Castilla-La Mancha y de España
«puede estar tranquila porque los mecanismos de inspección son serios
y rigurosos y con carácter general funcionan muy bien», al tiempo
que aseguró que el Ejecutivo autonómico es de «un rigor extremo
en los controles y en las sanciones por estos errores».
En todo caso, técnicos de la Dirección General de Salud Pública
están preparando el cambio del sistema
de inspección a las grandes empresas alimentarias de la región,
de modo que, además de las inspecciones habituales, se les realizarán
auditorías puntuales en las que participarán no sólo veterinarios,
sino también químicos, farmacéuticos y biólogos.
Nota de prensa oficial de la Junta de Castilla-La Mancha
http://www.jccm.es/prensa/notap.phtml?cod=14906
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