Dos entidades agrarias, UPA y UNIÓ, en defensa de los criadores de pollos

Habiendo tocado en sendas noticias el tema de la retribución de las empresas integradoras a los criadores de pollos en los números anteriores, en base a los comunicados emitidos por la COAG y UPA (*), hoy volvemos sobre el mismo mediante la reproducción, resumida, de unos nuevos comentarios (ambos del 16 de junio) de esta última y de la valenciana Unió de Llauradors i Ramaders.

Con ello no decimos nada nuevo, pero sí señalar que tras la reunión que dice UPA que ha celebrado en la semana del 13 de junio con la patronal avícola, ahora “la pelota se halla en el tejado” de esta o, mejor dicho, en que la misma sepa transmitir a las empresas la crítica situación de este sector y éstas actúen en consecuencia.

 

UPA da un ultimátum a las integradoras avícolas: “Así no podemos seguir”

Los consumidores españoles están pagando un 35% más por el pollo que hace pocos meses. Sin embargo, los granjeros no están percibiendo apenas nada de ese incremento, por lo que su rentabilidad se ha desplomado, haciendo inviable la supervivencia de las granjas.

La situación es tan crítica, según explican desde UPA, que “en octubre podríamos enfrentarnos incluso a un desabastecimiento de pollo a nivel nacional, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos, que en estos días de ola de calor se disparan aún más por la necesidad de refrigerar las granjas para mantener el bienestar de los animales”. Según UPA, los granjeros están solicitando créditos para hacer frente a sus gastos.

Cálculos de UPA sitúan las pérdidas de los granjeros en 32 millones de euros, debido a que en estos momentos sus costes superan lo que las integradoras les pagan. Por pollo están perdiendo entre 0,13 y 0,15 € y de no corregirse la situación, las pérdidas podrían rozar los 75 millones a final de año. La ayuda que ha articulado el MAPA es de 10 millones €, por lo que es apenas “un parche” para una crisis que es de enorme dimensión.

UPA se ha reunido con los dirigentes de la patronal avícola y les ha exigido “que cumplan la Ley de la Cadena Alimentaria y cubran los costes de producción de los granjeros, que no pueden cobrar por un pollo menos de 0,55 o 0,60 €”, sentencian.

 

El precio del pollo se dispara en los supermercados, pero los productores no se benefician de la subida

La Unió de Llauradors i Ramaders denuncia que el precio del pollo se dispara en la actualidad en un 164% desde la salida de la granja a los lineales de las tiendas y supermercados, mientras los costes de producción para los productores no paran de subir y estos no reciben ese aumento, según un estudio elaborado por la organización agraria.

Concretamente el precio medio del pollo se sitúa de media en 1,25 €/kg en la granja, de ahí pasa a 2,40 €/kg en matadero, 2,65 €/ kg en distribución y 3,20 €/kg en los supermercados y tiendas especializadas, aunque en algunos la cotización es todavía superior. El problema es que de la primera cantidad los productores apenas perciben ahora 0,45 € por pollo criado.

Los productores avícolas de la Comunidad Valenciana se encuentran al límite, totalmente asfixiados, ante el aumento de los costes de producción. La mayoría operan en régimen de integración y deben hacerse cargo de unos gastos imprescindibles, como la luz, el gas o el combustible que están disparados y que en los últimos meses se han duplicado. Como ejemplos, la energía eléctrica representa más del 75% de los costes variables de una explotación y el gasto del gas propano ha subido más de un 60%, así como los seguros.

Ante esta situación, los avicultores no deberían cobrar menos de una cantidad oscilante entre 0,55 y 0,60 € por pollo, cuando en la actualidad la media de lo que están cobrando es de unos 0,45 €. Según Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, “esta situación es inaguantable para los granjeros que están produciendo con unos costes terribles y si no se plantean soluciones como ayudas directas, dentro de los sectores más afectados por la crisis, muchos de ellos se verán obligados a cerrar sus explotaciones”.

Peris señala que de nuevo la Ley de la Cadena Alimentaria falla también para el sector avícola, “pues en ningún momento se cumple su premisa de que cada eslabón de la misma cubra sus costes de producción, porque los precios no se fijan del origen al destino, como debería ser, sino al revés. Y esto porque las grandes cadenas de distribución no quieren pagar mucho más y aprietan a las empresas integradoras que, a su vez hacen lo mismo con los criadores”, concluye Peris.

 

(*) Ver la página 56 en la sección de noticias del número de abril, la 55 en la misma del de mayo y el comentario editorial “soldados de 1a línea” de este último

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