El Ministro activista
María del Mar Fernández Poza. Directora de ASEPRHU
Los dirigentes políticos, especialmente si son parte del gobierno, deberían olvidar sus tics de los tiempos de oposición y entender que ahora les corresponde resolver los problemas que se les plantean. Y, a ser posible, no crear otros nuevos.
Pero no parece fácil olvidar un pasado tan reciente. La ministra de Trabajo y el vicepresidente Pablo Iglesias animaron hace poco a los agricultores a que “aprieten para defender sus derechos” y sigan protestando por la falta de rentabilidad de su actividad. ¿No estaban en horario laboral o creían que las quejas no iban con ellos?
El Sr. Iglesias quiere marcar su impronta en la política de bienestar animal, para lo que ha creado la Dirección General de Derechos de los Animales en su departamento. En su comparecencia reciente en el Congreso habló de incumplimientos de la legislación de bienestar animal en España, afirmando que “Innumerables directivas europeas dirigidas a nuestro país se quedan en cajones de las consejerías de las comunidades autónomas”. Y trabajará para ahorrar a España “unas cuantas sanciones de la Comisión Europea”.
Casualidad o no, su frase es similar a la que pronunció la responsable de una conocida organización animalista hace semanas.
El vicepresidente Iglesias pretende además crear un nuevo sello de bienestar animal, ya que opina que los existentes carecen de garantías para evidenciar el posible bienestar de los animales. La misma opinión había salido de la misma organización animalista.
Si unimos a lo anterior la intención del nuevo director general de Derechos de los Animales (declarado activista animalista) de incentivar en el sector avícola las pequeñas producciones, porque entiende que están “mucho más vinculadas a una mejora del bienestar animal y a mejoras en el medio ambiente”, tenemos serios motivos para preocuparnos por los tiempos que se avecinan para los sectores de producción animal en España. El animalismo llegó al Gobierno.
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