Así lo revela un informe de la Junta que ha trascendido ahora y que da un giro al caso. La granja tuvo que sacrificar a casi 2.500 gallinas. Inicialmente se acusó a un restaurante de ser causante de la intoxicación.

Vuelco en la investigación por la intoxicación masiva de más de un centenar de personas –una de las cuales falleció- en los carnavales de Cádiz de 2016 tras ingerir tortilla de patatas contaminada por salmonella en el Restaurante Bar Grimaldi de Cádiz.

Un informe requerido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz a la Junta de Andalucía que ha trascendido ahora, y que ha sido adelantado por Diario de Cádiz, revela cómo una muestra de las gallinas ponedoras tomada en una inspección días después del suceso a la granja que suministró los huevos –muestra analizada días después de la intoxicación masiva- tenía salmonella, como la tortilla que intoxicó a las más de 100 víctimas de este episodio de contaminación alimentaria que sacudió el Carnaval de Cádiz de hace dos años.

Así lo ha confirmado a Radio Cádiz el abogado de la defensa del propietario del Bar Grimaldi, Felipe Meléndez, quien detalla que era “la misma cepa de salmonella” que la hallada en las víctimas de la intoxicación y que este lunes 12 noviembre comparecerá ante el juez el inspector veterinario del departamento de Sanidad Animal que giró visita a la granja pocos días después de que se conociera el episodio de contaminación.

El 9 de febrero, de hecho, el servicio de Sanidad Animal apreció la existencia de «riesgo para la salud pública» y dictaminó la «inmovilización cautelar de las gallinas de la nave».

La defensa del bar considera que este informe respalda de forma rotunda la tesis de que la contaminación no estaba en la manipulación de los alimentos realizada en el restaurante sino en la partida de huevos que, por parte de esta granja -situada en la provincia de Cádiz y que ha cerrado este año-, fue suministrada al establecimiento de hostelería.

De hecho, en ese mismo informe de 50 páginas se comprueba como la granja optó por sacrificar, tras este episodio y un requerimiento de la Junta de Andalucía, a las casi 2.500 gallinas que tenía. Además, tuvo que hacer frente a una sanción de 600 euros por no realizar preceptivos controles de salmonella en la instalación.

“Establece una correlación directa entre la granja y el resultado de la contaminación alimentaria”, apostilla Meléndez.

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