Huevos y pollos motivos de fraude alimentario

A fines del pasado junio de 2019 una operación policial internacional de la Guardia Civil detectó en Madrid la presencia de dos partidas de huevos que se vendían como ecológicos sin serlo. Se intervinieron un total de 45.360 huevos y resultaron 6 personas detenidas/investigadas por los supuestos delitos de falsificación de documentos, estafa y relativos al mercado y los consumidores.

La intervención de la Guardia Civil, en colaboración con la EUROPOL, forma parte de una operación de alto impacto a nivel internacional, denominada OPSON VIII, centrada en la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico.

A petición de la Red Europea de Fraude Alimentario este año la operación se ha centrado en los productos de uso diario como carne, pescado, huevos aceite y especias, etiquetados como ecológicos.Una de las operaciones destacadas es la ocurrida durante una inspección en Madrid, con la detección por el Seprona de 2 partidas de huevos procedentes de Cuenca y Cáceres, que habían sido comercializados como ecológicos, pero eran de categoría “inferior” y no cumplían con las especificaciones que marca la normativa vigente.

Sin embargo, no se ha hecho público lo que se entiende por esto, aunque puede deducirse que la calificación de “ecológico” del envase de los huevos no se correspondía con el número estampado en la cáscara de los mismos.

Este año han participado 78 países en la octava edición de la operación OPSON, aumentando cada año el número de países involucrados. En este operativo han participado miembros de Policía, Aduanas, así como Organismos públicos y privados en material de control de alimentos. Por otra parte, en Ciudad Real, el Seprona inspeccionó una nave dedicada al procesado de patas de pollo para consumo humano para su exportación a países asiáticos.

En la misma se inmovilizaron 30 toneladas de este producto, que carecían de registro sanitario y las respectivas autorizaciones administrativas autonómicas y municipales, procediéndose a la detención/investigación de un implicado por un delito contra la salud pública.

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